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Obama alerta del desastre económico que se avecina por el impago de EE UU

Barack Obama hizo esta noche un llamamiento a la razón y al sentido común para evitar que Estados Unidos, por primera vez en su historia, se declare en suspensión de pago y provoque una crisis internacional de imprevisibles consecuencias. "Incumplir nuestras obligaciones de pago es temerario e irresponsable", advirtió el presidente norteamericano en un último y desesperado intento de que demócratas y republicanos lleguen a un acuerdo para evitar una quiebra antes del 2 de agosto.
En un discurso a la nación que recogió todo el dramatismo de la situación sin precedentes que se vive en Washington, Obama le transmitió al público estadounidense su interpretación sobre las negociaciones que se han llevado durante varios meses y le alertó, ahora que faltan solo seis días para llegar al precipicio, que las consecuencias de un impago serían desastrosas para la economía norteamericana.
"Por primera vez en la historia nuestro crédito sería degradado de la calificación Triple A, lo que dejaría a los inversores de todo el mundo preguntándose si EE UU es todavía una buena apuesta; los tipos de interés se dispararían y, con ellos, las hipotecas y los créditos. Nos enfrentaríamos a una profunda crisis, enteramente provocada por Washington", dijo Obama.

El presidente recordó que la autorización de nuevo endeudamiento -a lo que ahora se niegan los republicanos si no se hacen drásticos recortes del déficit público- no es para hacer más gastos sino para pagar las facturas de los que ya se han hecho con el visto bueno del Congreso, algunos de ellos firmados por la Administración anterior. La elevación del techo de deuda con ese propósito se ha hecho ritualmente en EE UU durante más de 50 años, con presidentes demócratas y republicanos. Esta vez, sin embargo, empujada por el radicalismo del Tea Party, la oposición quieren aprovechar la situación para impulsar su agenda política. El Gobierno acepta reducir el déficit, pero quiere hacerlo con una combinación de recortes de gastos y aumento de impuestos a los ricos. Los republicanos exigen hacerlo únicamente con la reducción del gasto.
Obama advirtió que eso no es justo ni serio. "Esta no es manera de conducir la nación más grande de la Tierra. Este es un juego peligroso que nunca se ha jugado antes y que no nos podemos permitir jugar ahora; no cuando los trabajos y la vida de tantas familias están en juego. No podemos permitir que el pueblo norteamericano sea el daño colateral del juego político de Washington".
El discurso de Obama fue respondido por el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien culpó al presidente de haber dejado que se llegue hasta este punto e insistió en que su partido no va a aceptar subir el techo de deuda "sin cambiar la trayectoria fiscal" del país. "El presidente quería un cheque en blanco hace seis meses y sigue pidiendo un cheque en blanco hoy", manifestó Boehner.
El enfrentamiento de la clase política norteamericana, por tanto, es total, y toda la economía mundial parece condenada a un fuerte terremoto de verano como resultado de una crisis cuyo estallido está señalado para el próximo 2 de agosto.
Todas las Bolsas cerraron ayer a la baja en respuesta de la incertidumbre provocada por esta situación, y el impacto negativo en los mercados crecerá, probablemente, cada día que pase sin encontrarse una solución. El Fondo Monetario Internacional ha urgido a que se busque un arreglo.
Aunque se mantienen los contactos, no se vislumbra por el momento una fórmula que pueda evitar la catástrofe. Tanto republicanos como demócratas han decidido actuar por separado, pensando más en salvar la cara ante sus electores que en encontrar una solución.
Los republicanos, aprovechando su mayoría en la Cámara de Representantes, impulsaron ayer un plan para autorizar al Gobierno a solicitar alrededor de un billón de dólares de nueva deuda, a cambio del recorte de una cantidad idéntica del gasto público, sin aumentar los impuestos. Eso le daría a la Administración recursos para cumplir con sus pagos lo que queda de año, pero habría que volver a negociar un nuevo techo de deuda en enero, al comienzo de un año electoral. Entretanto, una comisión estudiaría cómo recortar otros tres billones de dólares del déficit nacional. Es lo que se llama una salida a corto plazo o una solución en dos etapas.
Los demócratas, que controlan el Senado, tratan de aprobar en esa Cámara otro plan que elevaría la autorización de deuda hasta los 2,5 billones de dólares, con recortes de gasto público por un monto similar, sin incluir los programas sociales y sin aumentar impuestos. Eso garantizaría los pagos del Gobierno hasta después de las elecciones de 2012.
Los demócratas y la Casa Blanca rechazan la propuesta republicana, porque creen que no despeja las dudas que este debate ha provocado en los mercados sobre la solvencia de EE UU y simplemente retrasa unos meses una negociación que puede resultar mucho más difícil en plena temporada electoral. "Una extensión a corto plazo no facilita la tranquilidad que los mercados están buscando y puede tener las mismas graves consecuencias que una suspensión de pagos", declaró ayer el líder demócrata en el Senado, Harry Reid.
Los republicanos rechazan la propuesta demócrata porque, básicamente, contradice la posición que ellos tenían al empezar esta crisis: no permitir nuevo endeudamiento sin una reducción significativa del déficit, sin tocar los impuestos.
Con sus respectivas propuestas, cada partido puede decir que presentó una alternativa para evitar la quiebra y que fueron los otros los que la rechazaron. Es un infantil pimpón político que nadie sabe a quién puede beneficiar.
Mientras tanto, se analizan los instrumentos de que dispone unilateralmente el Gobierno para evitar la quiebra. Existe una enmienda constitucional a la que podría acogerse el presidente para imponer su autoridad sobre el Congreso en esta materia. Bill Clinton ha dicho que él lo haría, pero Obama se ha manifestado en contra. El Departamento del Tesoro no ha querido especular sobre cómo reaccionará si se llega sin acuerdo al 2 de agosto.