¡Pongámonos de pie ante tanto injerencismo! Editorial del Listín Diario.

EDITORIAL - Listín Diario
¡Pongámonos de pie ante tanto injerencismo!

La Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, Human Rights, Amnistía Internacional y otras entidades foráneas han estado muy activas despachando sus órdenes en forma de “recomendaciones” para que la República Dominicana desconozca francamente su Constitución y sus leyes en materia migratoria.

Se han tomado estas amplias licencias, sin guardar los más mínimos escrúpulos ni respeto a los tratados internacionales que consagran el derecho a la soberanía y la autodeterminación que tienen sus naciones miembros para decidir bajo qué reglas jurídicas deben regir a sus pueblos.

La OEA y la ONU exigen “parar” unas “deportaciones masivas” de haitianos que nunca se han producido y “poner fin a la apatridia” de unos millares de hijos de haitianos indocumentados nacidos en el país, bajo la presunción de que “tales prácticas” obedecen a una política de “limpieza étnica”, racista y xenófoba por parte de nuestro país.

Los atrevimientos y las descaradas formas de intervencionismo que acompañan las denuncias, visitas y “recomendaciones” de miembros de esos organismos y entidades nos hacen ver que se ha montado todo un tinglado de presiones para forzar a la República Dominicana a desconocer la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional y la ley 169-14, para la naturalización, y para que maneje sus políticas migratorias según como deseen y quieran estas organizaciones.

Una prueba de esas extravagancias la acaba de ofrecer la institución Human Rights al invitar a naciones caribeñas, a Haití, a países como Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados a que intervengan en los asuntos internos dominicanos, para pulverizar las leyes existentes y establecer las que ellos decidan dictarnos desde fuera.

Human Rights también se ha atrevido a dar órdenes al gobierno dominicano sobre lo que debe de hacer en materia de procesos migratorios y casos de apatridia, desconociendo que la Junta Central Electoral, justamente por mandato del Tribunal Constitucional, acaba de acreditar como ciudadanos dominicanos a 55 mil extranjeros inscritos en el Registro Civil, tras una impecable auditoría de todos los libros existentes desde el año 1929, poniendo fin a cualquier posibilidad de apatridia.

Esa auditoría arrojó que esos 55 mil ciudadanos fueron los que pasaron las pruebas documentales de comprobación y que mediante un listado público han sido llamados a buscar sus correspondientes cédulas. La acreditación de los restantes que aparecieron en los registros, con evidencias de fraude o alteraciones, tendrá que ser decidida, a favor o en contra, por los tribunales.

Pese a toda la transparencia conque el país ha manejado estos asuntos migratorios, sin extralimitarse en caer en acciones injerencistas y sin recurrir a burdas mentiras o manipulaciones, estas organizaciones internacionales siguen obstinadas en meter a fondo sus narices en el ámbito de nuestros derechos soberanos, porque perciben a leguas que este gobierno, decente y prudente, no tiene capacidad para pararles el coche.

Pero la hora de enfrentar este chantaje y estas presiones indebidas ha llegado. Y no es solo al Gobierno al que le corresponde actuar de una manera más firme e indubitable, sino al pueblo mismo, usando los recursos que da la razón y la verdad, para defender a capa y espada la soberanía nacional frente a todo intento por estuprarla y desnaturalizarla, venga de donde venga.